Si la tentación es grande, lo más recomendable es pensarla dos veces y, en definitiva, abstenerse de cometer alguna anomalía porque las consecuencias legales vienen luego y son muy delicadas.

Oportuna llega la advertencia a raíz del último hecho en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el apoyo de Semar, Policía Federal, división Gendarmería y Conapesca, aseguró una embarcación menor por realizar actividades de pesca ilegal dentro del ANP Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Qué, cuándo, dónde, por qué

De acuerdo con la información oficial, la detención de la panga se dio dentro del marco del Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California, donde las autoridades federales 'detectaron la presencia de una embarcación con tres tripulantes al interior del ANP Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado'.

Los inspectores ubicaron la embarcación dentro del ANP y, mediante orden de inspección, solicitaron a los tripulantes la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por llevar a cabo actividades extractivas sin el permiso correspondiente, se ordenó el aseguramiento de la embarcación, artes de pesca y producto pesquero extraído'.

La información refiere que embarcación menor, de 26 pies de eslora, no tenía nombre rotulado, ni matrícula visible.

Twitter: Profepa

Y agrega: 'Estaba equipada con un motor fuera de borda de 200 caballos de fuerza, y a bordo tres redes tipo chinchorro para pesca de camarón, de alrededor de 350 metros de longitud entre las tres y una red (totoabera) de 70 metros de longitud y de 12 pulgadas de luz de malla'.

La dependencia también dio a conocer que, 'al practicarle una revisión', fue encontrada en su interior una hielera de color blanco, que contenía ocho kilos de camarón.

El hallazgo permitió el aseguramiento de la embarcación, así como el motor, las artes de pesca y el producto pesquero para ser trasladados a San Felipe, en Baja California, para realizar las actuaciones correspondientes 'hasta en tanto se resuelva su situación legal'.

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